sábado, 6 de marzo de 2010

Jueces, honorables y prevaricadores


"Recuerdo haber escuchado hablar a mi padre y a su hermano Blas sobre la herencia de la casa que les pertenecía en Alcalá la Real, Jaén. Pero aquello fue a principios de los años 80, desde entonces aquel asunto se había ido fraguando lentamente y no fue hasta una década más tarde cuando se reactivó, para que cada uno de los herederos obtuviéramos lo heredado. Cierto día, del que no recuerdo la fecha en concreto, caminaba de vuelta de visitar a mi madre y me encontré con mi tía Gertrudis, la única hermana de mi padre. El encuentro fue ameno, agradable, ella, mi tía, tiene un carácter abierto y siempre afable en el trato. Me preguntó y le pregunté, sobre los miembros de mi familia y por los suyos, y entre tanto salió de ella el tema a relucir, el de la herencia de la casa de Alcalá la Real. Yo, en realidad, no tenía mucho conocimiento sobre el asunto, incluso tuve que echar de memoria para situarme en la conversación. -Ya no nos queda nada más que un papel por averiguar- me decía, creyendo que yo estaba al corriente- Pero... ¿sabes que pasa? Que como el abuelo murió en la guerra y no se sabe ni donde ni cuando, pues no podemos pedir el certificado de defunción que nos pide el notario.

El abuelo al que se refería era el suyo, mi bisabuelo, otra víctima más del enfrentamiento entre demócratas republicanos y fascistas españoles, alemanes e italianos. Lo único que me podía decir era que estaba enterrado en el Cementerio de San Rafael, en Córdoba. La guerra había sido tan cruel con toda la familia que se convirtió en tabú y apenas se hablaba de tal asunto. Cuando el bisabuelo fue fusilado, su hijo, mi abuelo, fue detenido y preso, pero con más fortuna que su padre, aunque al principio le cayó pena de muerte y más tarde rebajada a cadena perpetua, cumplió 20 años de trabajos forzados. Los seis hermanos eran demasiado pequeños entonces y además pasaron algunos años después acogidos con otros familiares, como para estar al corriente de fechas sobre el fusilamiento.

Al día siguiente acudí a su casa, en eso quedé con ella, para que me diera los datos y tratar de conseguir dicho certificado. En el Juzgado había que solicitar el documento añadiendo el día y año en que falleció el difunto, y yo no disponía de una fecha en concreto, podía ser un año arriba o un año abajo, no digo ya del mes en cuestión. Con la negativa recibí un consejo por parte del funcionario que me atendió aquella mañana, me dijo que acudiera al cementerio y que allí preguntara, pues existían unos libros donde quedaban reflejados los nombres y fechas de todos los enterrados, y eso hice. Cuando llegué me encontré que estaban en obras, todas las dependencias administrativas del campo santo estaban derribadas y los archivos se situaban provisionalmente en una antigua sala de autopsia. Pregunté por la posibilidad de que me pudieran ayudar a encontrar dichos datos y obtuve por respuesta un:-Mírelo usted mismo- señalándome los libros amontonados uno sobre otro y con el año escrito a bolígrafo sobre la tapa y el lomo.

Fueron cerca de tres horas rastreando como sabueso por entre aquellas páginas siniestras, amarilleadas por el tiempo y enlutadas por el contenido. No pude dar con la información que buscaba, uno por uno busqué entre los nombres y por entre los desconocidos que reflejaban los libros, casi más cantidad de desconocidos y moros, así lo reflejaba, que personas con nombre propio y apellidos. Una tarea interminable que me dio a pensar en la cantidad de víctimas de la guerra en aquellos años, sin identificar, sin ningún dato sobre sus últimos momentos, el anonimato se hacía dueño hasta de las causas que provocaron su muerte, claro que, después pude comprobarlo, los fusilados también llevaban añadido el "desconocido" en la casilla que reflejaba la causa de su muerte. Pero, cuando ya creía en que había sido en vano el intento, tuve la suerte de cara y un trabajador de una funeraria que por allí pululaba se ofreció a ayudarme, me dijo que le diera los datos y que él preguntaría en el juzgado, allí lo conocían y preguntaría sin tener que pasar por el trámite burocrático. Y así fue, al día siguiente me llamó por teléfono y acudí a la funeraria a recoger dicho certificado. Tuvieron que pasar algunos años más hasta cobrar dicha herencia, la casa era pequeña y muchos sobrinos a repartir, casi fue más el coste de la notaría que lo que realmente obtuvimos cada uno".

Después de haber leído este relato, ustedes se preguntarán la relación que tiene con todo esto las honorabilidades y prevaricaciones en la justicia, pero ya saben que no existe nada mejor para opinar o conocer sobre un asunto que la propia experiencia, y la mía, referente a la Memoria Histórica, cuenta lo suficiente, por mi parte y por la de aquellos nombres anónimos que estaban reflejados en los libros del cementerio. Siempre pensé, no sólo en los fusilados, si no también en los familiares como mi padre y sus hermanos que murieron sin conocer el lugar exacto donde fue enterrado su abuelo. Mi bisabuelo estaba enterrado en una fosa común junto a otros anónimos, como trozos de carne putrefacta sin nombre ni apellidos. Creo, no solo en la dignidad que cualquier persona se merece cuando muere, también en el derecho de las familias a conocer el paradero de sus difuntos seres queridos. Esto es lo que relaciona mi relato personal con los motivos que han llevado al juez más respetado de la justicia española a estar en entredicho, precisamente por los "cachorros" descendientes de aquellos asesinos que fusilaban y enterraban a gente inocente por defender sus ideas, en cualquier recodo del camino, sin nombres ni dignidad.

No en vano, esta no es la razón principal por la que se quiera apartar al juez Baltasar Garzón de su oficio, el de impartir justicia, la querella contra él que han interpuesto los fascistas de la Falange Española de la JONS por la Memoria Histórica y admitida por el supremo no es más que la punta del iceberg que ha convertido el asunto en un escándalo con mayúscula en la justicia española. Siempre defendí aquello de que la justicia es la herramienta creada por los poderosos para escapar impunes de los delitos y castigar a los débiles por los mismos errores cometidos. El juez Garzón es quien le ha dado credibilidad y honradez a la justicia que rige este país, y a él le debemos muchos triunfos en la lucha contra el terrorismo de ETA y otros temas de vital importancia. El juez Garzón ha demostrado su imparcialidad en todos sus trabajos y no sólo en España, su defensa en favor de los derechos humanos como en el caso Pinochet es de reconocimiento mundial.

Pero como digo, no es sólo por esta querella admitida en el asunto de la Memoria Histórica, existen otras denuncias contra él desde ese tiempo a esta parte, todas por parte de los ultraderechistas, fascistas, y corruptos del Partido Popular. La trama Gürtel ha sido la línea roja que el Juez se ha atrevido a cruzar, el poner al descubierto la corrupción por parte de un interminable números altos cargos del partido de la oposición que ha puesto en entredicho la honorabilidad y honradez de dichos políticos conservadores. La segunda querella por prevaricación trata de un supuesto sueldo recibido de un banco patrocinador para dar unos cursos en la Universidad de Nueva York entre los años 2005 y 2006. Éste es un escándalo destapado por un periódico conservador de clara oposición contra Garzón, y también conocido por sus mentiras intencionadas. Al respecto, la propia Universidad de Nueva York ha emitido un comunicado desmintiendo esas acusaciones y aclarando que la financiación de esos cursos fue solicitada y recibida directamente por el Centro Rey Juan Carlos, el cual gastó y administró estos patrocinios. Aún así, la querella sigue admitida a trámite.

La tercera de las querellas contra el Juez Garzón está puesta por el mismísimo cabecilla de la trama corrupta del caso Gürtel, se trata de escuchas ilegales, las que mandó Garzón grabar a los abogados de los ladrones detenidos por este asunto político que tiene embarrado al Partido Popular. Gracias a esas escuchas se pudo comprobar y descubrir que los abogados de estos llevaban a cabo las órdenes dadas desde la cárcel para continuar moviendo las cuentas bancarias en Suiza y otros paraísos fiscales. Ésta última querella admitida por el supremo ha destapado un tufo insoportable en la justicia española, al ver cómo los ladrones pueden acusar a los policías que descubrieron sus fechorías, y lo peor es que no existe otra razón más que los intereses políticos. En los tres casos la fiscalía está de parte de Garzón, nadie ve otra cosa que no sea sospechas infundadas, pero motivo suficiente para estos tres vocales del poder judicial que no pretenden otra cosa que apartar al juez de sus asuntos. Esto conseguiría que el tan apestoso asunto de corrupción del Partido Popular quedara sin aclarar y en aguas de borrajas. Suspenderlo perturbaría de una forma extremadamente grave a los magistrados que en la actualidad están tramitando aquellas mismas causas por las que está imputado.

Los tres jueces vocales del poder judicial a los que Baltasar Garzón recusa por "enemistad manifiesta" son: Margarita Robles, a la que acusa de sentir hacia él una enemistad profunda desde que era responsable de la secretaría de Estado de Interior, de 1994 a 1996, con la que tuvo posturas encontradas por el caso de los fondos reservados, caso Roldan y los Gal. Asunto por el que los detractores conservadores de ahora le aplaudían entonces sus investigaciones contra el Partido Socialista Obrero Español, por aquel tiempo en el poder.
Fernando de Rosa, ex consejero de Francisco Camps, Presidente de la Comunidad Valenciana y uno de los imputados en el caso Gürtel. Garzón considera que tienen "amistad intima" e "intereses personales en el asunto".
Gema Gallego, fue la jueza encargada de instruir el caso bórico al frente del juzgado 35 de Madrid, caso en el que hubo una supuesta falsificación de un informe pericial que "con notabilísima falta de consistencia", según Garzón, intentó vincular a ETA con el atentado del 11-M. Garzón había estudiado el caso antes e imputó a los agentes que lo redactaron. Entonces Gallego dio la vuelta al caso para exculparlos e imputar a la cúpula de la Policía Científica, que había desestimado esa vinculación. Más tarde la Audiencia de Madrid desautorizó a la jueza al absorber a estos últimos acusados, pero a los dos meses Gallego fue aupada por el Partido Popular al Poder Judicial, por los servicios prestados a su causa.

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